“Desde que ingresé siempre tuve una asignación inicial de 50 casos o más. Partimos con eso. Había tanta sobrecarga en 2007 que tuvieron que traspasar casos otros colegas”, cuenta Judith Bresler, quien fue delegada de Libertad Vigilada entre 2008 y 2017.
En un documento sobre la cantidad de casos atendidos por delegado hasta mayo de 2018, en el C.R.S Santiago Sur II figuran 38 funcionarios con carga vigente. Según datos obtenidos a través de Transparencia Activa, la población atendida de ese centro en el mismo periodo es de 1.824 condenados, lo que se traduce en una carga promedio de 46,1 usuarios por delegado, sin considerar a quienes están con licencia médica o prestando servicios en otro lugar.
Un informe del Ministerio de Justicia indica que en agosto de 2018 la carga promedio por delegado era de 37 usuarios. Seis meses antes, otro informe señalaba era de 38. Además, dicha norma contempla que cada funcionario debe atender un máximo de 35 condenados, con un 10% de alto riesgo de reincidir, un 30% de riesgo medio y un 60% de riesgo bajo. Sin embargo, estas cifras distan mucho de la realidad de algunos C.R.S del país.
Miguel Ángel Briones Gallegos, delegado de Libertad Vigilada del C.R.S Santiago Sur I, con 22 años en el servicio, explica que nunca ha estado muy clara la cantidad de usuarios que debe tener cada delegado.
“Estándares internacionales (…) hablan que deberían ser máximo 35 personas por funcionario. Nosotros hicimos una estadística del centro, tomamos una muestra aleatoria de colegas, y nos determinó que los delegados encargados de casos tenían un déficit de dos días y medio a la semana (…) Somos 32, y cada uno debe tener al menos 40 casos. De esos, calculo que el 40% puede estar en alto riesgo”, agrega el profesional.
El método de intervención
Hoy se aplica un modelo llamado Instrumento de Gestión de Intervención (IGI), que asigna un puntaje a cada usuario y determina el nivel de riesgo a reincidir. Dependiendo de eso se establecen la regularidad de las intervenciones y la frecuencia con que se debe informar al tribunal el avance del proceso de reinserción. Es decir, una persona con alto riesgo de reincidencia implica más trabajo que una persona con bajo riesgo.
Según el Informe de Gestión 2014-2017 de Gendarmería, en las evaluaciones de ingresos en Libertad Vigilada Intensiva, Libertad Vigilada y Libertad Vigilada en Adultos, la mayoría de los penados en 2014 estaba entre los niveles de riesgo de reincidencia bajo y medio. A partir de 2015 comenzó un paulatino aumento de los niveles medio y alto. En 2017 creció la tendencia de los niveles alto y muy alto, junto a una disminución y casi inexistencia del nivel muy bajo, que entre 2014 y 2017 cayó desde el 18% hasta el 4% del total.
Un gran problema: Cómo asignar los penados
Ana María Righetti Maureira lleva 10 años en Gendarmería y hoy es supervisora técnica del C.R.S Santiago Oriente. Su labor consiste, entre otras cosas, en asignar las funciones a un grupo de 13 delegados. La cantidad de penados que entrega a cada delegado bordea los 45, considerando que dentro de su equipo hay miembros en situaciones especiales. Un funcionario está de reemplazo y solo hace tareas específicas; otro está con una recomendación médica de no atender a más de 15 usuarios. Así se ve en la obligación de repartir la carga entre quienes todavía pueden abordarla.
Righetti agrega que la situación es aún más complicada cuando hay que asignar la carga por indicaciones de los jefes de unidad, que muchas veces no comprenden la realidad de los centros y sólo se limitan a exigir un alto número de intervenciones.
La ex delegada, Judith Bresler, recuerda que desde que ingresó al sistema nunca tuvo una carga inferior a los 50 penados, y tenía colegas que incluso superaban esa cifra. “Si una persona tenía 60 casos, se podían transferir a otros delegados que tuvieran menos, con la lógica de equipararlos, pero siempre sobre el número establecido por la norma técnica”, asegura.
Bresler, que además vivió la implementación de la Ley N° 20.603, comenta que pese a no haber en la actualidad delegados con 70 usuarios en la Región Metropolitana, como sí los hubo en años anteriores, hoy las intervenciones requieren mayor frecuencia y más trabajo administrativo.
Ausencias que complican aún más la distribución
Según la Asociación de Directivos Profesionales, Técnicos, Administrativos y Auxiliares de Gendarmería de Chile (Adiptgen), gremio que representa a los funcionarios no uniformados, el promedio nacional de usuarios atendidos por cada delegado se acerca a 45. Sin embargo, comentan que han recibido casos en los que se supera esa cifra.
Para el presidente nacional de Adiptgen, Juan Carlos Muñoz Amigo, la sobrecarga de usuarios y el aumento del nivel criminógeno es una realidad que los C.R.S han tenido que soportar con cada vez mayor dificultad. Esto, según cuenta, ha provocado un desgaste en el servicio, al que se le deben sumar problemas con las reposiciones, reemplazos y un curso que habilita a los delegados que solo se imparte una vez al año. Hasta hoy, nada de lo anterior tiene una solución de parte de la institución.
«Nos ha pasado muchas veces que el reemplazo llega cuando el funcionario vuelve. Eso da cuenta de un tremendo nivel de ineficiencia en nuestros procesos administrativos (…) Si un funcionario se va con licencia médica extendida, lo más probable es que esos casos sean distribuidos entre sus colegas», agrega Muñoz.
La jefa del Departamento de Reinserción Social del Sistema Abierto de Gendarmería, Ana María Rojas Guerrero, reconoce que en los últimos años ha ido aumentando la cantidad de usuarios. Sin embargo, considera que el principal problema es la forma de asignar las funciones al interior de los centros y la percepción de sobrecarga de los delegados.
«A partir de la implementación de la ley se establecieron exigencias distintas de las que había 10 años atrás. Por tanto, el profesional puede sentir que hay una sobrecarga que no es tal».
Ana Rojas, jefa del Departamento del Sistema Abierto.
La cabeza del Sistema Abierto agrega que a pesar de que el estándar técnico en algunos centros puede verse sobrepasado, la preocupación principal está en las particularidades criminógenas de los penados de cada región, que se han ido complejizando a lo largo del tiempo.
El ex director de Gendarmería, Jaime Rojas, admite que esta situación no estuvo sobre la mesa en su gestión, pues cuando asumió en 2016, fue para resolver una crisis política e institucional: se había destapado el caso de pensiones abultadas y los sobresueldos a funcionarios del servicio. Según Rojas, en el trayecto de prioridades, “la discusión respecto de la cantidad de personas atendidas por delegado estaba en la letra z-x. Lo respondo con honestidad”.