Por 201411300S005 y 201421300S007.
“Los delegados partieron con un lápiz Bic y un block fiscal a las regiones. Con una hoja que decía ‘consígase un local para funcionar’. Así partimos. En ese minuto nadie pensó que los Centros de Reinserción Social (C.R.S) debían tener edificios. No había nada. La reinserción social era pura gestión de recursos que no daba el Estado”. Así es como María Eugenia Hofer Denecken, ex investigadora de la Fundación Paz Ciudadana y ex subdirectora administrativa (s) de Gendarmería, describe el nacimiento de la reinserción social en Chile, a inicios de la década del 80′.
Han pasado 35 años desde aquel momento. La gran cantidad de cambios en las décadas siguientes condujo a la creación de una nueva ley en 2012: la Nº 20.603. Esta norma estableció un catálogo de penas sustitutivas, con las que 61 mil personas en conflicto con la justicia cumplen hoy su condena. 15.400 de esos casos son atendidos por delegados de libertad en 39 C.R.S a lo largo de Chile. Seis de ellos están en la Región Metropolitana.
Una una norma técnica, emanada de Gendarmería, estipula que el número de penados por delegado no debe superar los 35. Sin embargo, en la actualidad hay funcionarios que sobrepasan esa cantidad, lo que puede afectar la calidad de las intervenciones de un sistema que, en términos de reinserción social, es el más efectivo hasta ahora.
El ex director nacional de Gendarmería entre 2016 y marzo de 2018, Jaime Rojas Flores, asegura que esto ocurre porque “es un servicio que quedó al margen de los modelos de modernización del Estado, que tuvimos durante toda la década de 2000 (…) se modernizaron muchos servicios públicos y algunos que no. Entre los que no está este. El sistema moderno pasó por al lado y no se implementó una profunda transformación”.
Un cambio de enfoque al cumplimiento de condena
Desde sus inicios el principal rol de Gendarmería ha sido la custodia de la población recluida. Hoy, tanto en Chile como en el mundo, la tendencia apunta hacia el cumplimiento de penas en el medio libre. Es decir, un mayor número de penados es condenado a penas alternativas a la cárcel.
Un estudio de Paz Ciudadana de 2011 advierte que sobre un 50% de los condenados a prisión reincide, mientras sólo un 27% de los usuarios del medio libre lo hace. Sin embargo, un informe de reincidencia delictual, realizado en 2013 por la Unidad de Estudios Criminológicos de Gendarmería, arrojó que la posibilidad de reincidir tras haber cumplido condena con una pena sustitutiva es de un 9.6%. Es decir, una de cada 10 personas que egresa del Sistema Abierto vuelve a delinquir, lo que ubica a este modelo como el más efectivo (ver informe completo).
En los últimos años los establecimientos y funcionarios del Sistema Abierto han tenido que afrontar, en menor o mayor medida, la tendencia de que más personas cumplan su pena en libertad. En un comienzo, uno de los objetivos era ayudar a descongestionar el sistema carcelario, pero al poco tiempo de implementarse la nueva ley, la capacidad humana, administrativa y de infraestructura se vieron sobrepasadas.