Uno de los puntos críticos por el sostenido aumento de población penal en el Sistema Abierto es la cantidad de tiempo que los delegados dedican a las intervenciones. El ligero crecimiento de dotación versus el notorio aumento de ingresos de usuarios obliga a los delegados a redistribuir el tiempo en favor de otras actividades.
Los delegados deben elaborar periódicamente informes que son enviados a los tribunales sobre la evolución de cada penado. Estos tienen gran relevancia en el proceso, por lo que han llegado a requerir más tiempo que la misma intervención y el trabajo en terreno. «Inviertes el 70% de tu tiempo en generar informes y el 30% en intervención con el sistema actual», cuenta Judith Bresler, ex delegada de Libertad Vigilada.
Pablo Jofré, funcionario del C.R.S Santiago Sur I, comenta que gran parte del trabajo consta en evacuar informes sobre la evolución del penado. «Se privilegia lo administrativo. Si un día laboral tiene ocho horas, el 30% se dedica a intervenir y el resto es solamente pega administrativa. Hay que llenar un montón de registros, planillas, sistemas computacionales, además de hacer la intervención, que no es solo entrevistar a un penado», añade.
Frente a esto, el presidente nacional de Adiptgen, Juan Carlos Muñoz, concluye: «Nuestro mes tiene 20 días hábiles. Hay intervenciones que requieren controles semanales, quincenales y mensuales. Si tengo una carga laboral como esa, es muy difícil hacer una intervención real y concreta respecto del objetivo que tienen los C.R.S, que es justamente cambiar conductas y generar espacios para reinsertar a los usuarios».
Problemas de espacio
Otro problema para los delegados es la infraestructura de algunos C.R.S. Las oficinas de los centros Sur I y Sur II tienen cubículos reducidos, que incluso no están adecuadamente aislados del resto. En sus puestos difícilmente pueden estar dos personas sentadas, y se escucha prácticamente todo lo conversado desde las instalaciones aledañas, pues las murallas no llegan hasta el techo. Así, un delegado de Libertad Vigilada puede advertir sin problemas lo que conversa un colega de Delitos Sexuales con otro usuario.
Según la psicóloga Loreto Ditzel, este es un típico signo y síntoma relacionado a los diseños de las políticas públicas. Si la implementación no va de la mano con la calidad del sistema, “probablemente el resultado sea un deterioro mayor tanto de la persona que está condenada, que no va a recibir un servicio adecuado, como del propio funcionario, que indudablemente va hacer un trabajo de menor desempeño y calidad”.
A pesar de que las intervenciones en el medio libre obtienen mejores resultados en reincidencia delictual, la situación que aqueja al servicio es una bomba de tiempo. «Los estándares incumplidos no solo afectan las condiciones laborales de los delegados; el proceso de reinserción del penado posiblemente terminará perjudicado, pues la calidad de la intervención empeora inevitablemente, asegura Ditzel.
Los últimos gobiernos han recibido diversas solicitudes de parte de gremios y funcionarios para negociar y comenzar a solucionar los problemas. Sin embargo, el foco de las políticas públicas no ha variado y sigue privilegiando el endurecimiento de las penas. En los últimos 10 años la reinserción social ha pasado de recibir desde el 2,4% al 9,7% de los recursos de Gendarmería.
Tras 22 años en el servicio, el delegado de Libertad Vigilada, Miguel Ángel Briones, reflexiona: «Paradójicamente, justo en el Ministerio de Justicia están los organismos más olvidados de la sociedad. Gendarmería, el Servicio Médico Legal, el Sename… ahí estamos».